Chile. Por qué la reforma laboral de Kast empeora la vida de la clase trabajadora

El Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras "Nuestra Clase" realizó un didáctico texto para entender por qué la reforma laboral de la actual administración de La Moneda atenta contra los intereses y derechos de la mayoría laboriosa del país. Adelante se exponen las 5 reformas más dañinas para los trabajadores y se explica su impacto social.

1. Quieren organizar nuestras vidas con semanas que pueden llegar a 52 horas

52 horas en una semana. Más de diez horas diarias si pensamos una semana de cinco días. Ese es el techo semanal que contempla la discusión de la llamada “adaptabilidad”: 52 horas sumando jornada ordinaria y extraordinaria. Y la Mesa de Reactivación Laboral propone que el período utilizado para promediar nuestra jornada pueda extenderse desde las actuales cuatro semanas hasta 52 semanas: un año completo. Además recomienda aplicar esta lógica a jornadas excepcionales como las de minería.

Es decir, mientras nos hablan de reducción de jornada, quieren darle a las empresas mucho más margen para decidir en qué semanas trabajamos más y en cuáles menos, de acuerdo con sus necesidades productivas. Después vendría la compensación para cumplir el promedio. Pero una familia no vive en promedio. Puedes trabajar una semana de hasta 52 horas cuando la empresa más te necesita, pero tus hijos, tu familia y tu cuerpo también te necesitan esa semana. El cumpleaños al que no llegaste, el tiempo que no tuviste para cuidar a tus hijos, la hora médica que postergaste o el agotamiento acumulado no se recuperan porque meses después trabajes menos. A eso le llaman “adaptabilidad”. En realidad quieren que nuestras vidas se adapten cada vez más a las necesidades de las empresas.

2. Pueden avisarte mañana si tienes que trabajar o no

Tú tienes que organizar tu vida. La empresa podría organizar tu turno con solo 24 horas de anticipación. El proyecto de contratos por hora permite pactar hasta 30 horas semanales o 120 mensuales. Los turnos podrían comunicarse con un piso de solo 24 horas de anticipación. Y si finalmente la empresa no utiliza todas las horas pactadas, el trabajador tendría asegurado el pago del 75%, no necesariamente del total.

¿Y una madre trabajadora cómo consigue quién cuide a sus hijos de un día para otro? ¿Un estudiante cómo sabe si podrá ir a clases? ¿Cómo buscas una segunda pega si no sabes cuándo te van a llamar de la primera? El arriendo no se paga por hora. La luz no se paga por hora. El supermercado y las cuentas de los niños tampoco. Nos dicen que así crearán empleo. Pero combatir el desempleo no puede significar que tener trabajo estable se transforme en un privilegio.

3. Nos quieren quitar la indemnización por años de servicio para pagarnos un 78,4% menos que un sueldo por año

Acá hay que poner los números sobre la mesa. Hoy, cuando corresponde legalmente la indemnización por años de servicio, un trabajador despedido por necesidades de la empresa tiene derecho a 30 días de su última remuneración por cada año trabajado, hasta un máximo general de 11 años. Es decir, un año trabajado es un sueldo.

Pero la Mesa de Reactivación Laboral propone eliminar gradualmente esta indemnización para los nuevos contratos y reemplazarla por una indemnización “a todo evento” financiada mediante cotizaciones al Seguro de Cesantía. Y acá aparece el verdadero tamaño del ataque. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó que una de las fórmulas que han calculado considera una cotización adicional del empleador de alrededor de 1,8% mensual. ¿Sabes cuánto representa ese 1,8% después de un año? Ese aporte adicional equivale a poco más de una quinta parte de un sueldo o visto de otra forma es 78,4% menos que un sueldo completo por cada año trabajado.

Es decir, con el sueldo mínimo, el aporte adicional del 1,8% acumularía aproximadamente $119.567 por año, ya no los $553.553. Olvidémonos del finiquito que quizás nos permitía pagar meses de arriendo o dividendo, alimentar a una familia y sobrevivir mientras aparece otro empleo. Ellos hablan de la indemnización como un “costo de despido”. Los mismos nos dijeron que somos un cacho y destacan que despedir a un trabajador con diez años de antigüedad equivale hoy a diez meses de remuneración. Lo que para ellos es un costo que hay que bajar, para nosotros son años de trabajo y el respaldo de nuestras familias cuando quedamos sin pega.

4. Quieren que hagas más funciones por el mismo sueldo

Más tareas, más responsabilidades, más disponibilidad, pero ningún aumento de sueldo garantizado. La Mesa propone modificar el Código del Trabajo para permitir que un contrato pueda contener dos o más funciones independientemente de la naturaleza que tengan, con la condición de que estén especificadas. Traducido a la vida laboral no es más que: te contrataron para una función, pero quieren ampliar cuánto puede disponer la empresa de ti para realizar otras tareas.

En minería, comercio, industria, logística y tantos otros lugares conocemos perfectamente hacia dónde puede ir esto. Falta alguien, haz su trabajo; cambió la producción, muévete de función; hay que cubrir otra tarea, ahora también te corresponde. ¿Y el sueldo? El trabajador se vuelve cada vez más “adaptable”; el salario no necesariamente. La misma Mesa propone además “simplificar” la autorización y renovación de jornadas excepcionales en sectores de operación continua como la minería. Una vez más, la flexibilidad tiene una sola dirección: que nuestras condiciones se adapten cada vez más a lo que necesita la empresa.

5. Quieren ampliar las posibilidades de despedirte y que sea más fácil

Y después de poner en cuestión la indemnización, quieren facilitar también el despido. La Mesa propone ampliar la causal de “necesidades de la empresa” y reponer la “falta de adecuación del trabajador o trabajadora” como parte de esa causal.

Pensemos lo que significa. Una empresa incorpora nuevas tecnologías, reorganiza una sección o decide simplemente que un trabajador ya no se “adecúa” suficientemente al puesto. La solución que proponen no es capacitarlo ni proteger su empleo, es ampliar las herramientas para despedirlo. Y la ofensiva no termina en el sector privado. El Gobierno también abrió la discusión sobre cambios al Estatuto Administrativo y la estabilidad del empleo público.

La orientación general se vuelve cada vez más clara: más facilidad para organizar nuestro tiempo, movernos de función y despedirnos; menos seguridad para quienes dependemos de un salario. Mientras a ellos les bajan los costos, nosotros ponemos la vida. No son cinco discusiones separadas: tu tiempo, tu sueldo, tu indemnización, tu función y tu puesto de trabajo. Todo aparece bajo la misma idea, que para generar empleo hay que reducir las supuestas “rigideces” y los “costos” que representan nuestros derechos. ¿Y siempre tenemos que ser las y los trabajadores quienes paguemos?